Ellos examinaron los cuerpos del presidente asesinado de Haití y de los mercenarios acusados de conspirar para matarlo. Ahora están escondidos, cambiando de lugar cada pocas horas, con una mochila llena de documentos legales que podrían determinar el destino del juicio más importante de Haití en décadas.
Un juez y dos funcionarios judiciales que recogieron pruebas para la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse dijeron en entrevistas y en quejas formales a la fiscalía que recibieron llamadas telefónicas y visitas de desconocidos que los presionaron para que modificaran las declaraciones juradas de los testigos. Si no accedían, les dijeron, podían “esperar una bala en la cabeza”.
Sus peticiones de ayuda a las autoridades fueron ignoradas, dijeron los funcionarios judiciales Marcelin Valentin y Waky Philostène, y el juez de paz, Carl Henry Destin, lo que ha provocado que sus vidas corran peligro.
Las amenazas también pusieron en peligro una investigación que, según los expertos, se vio empañada desde el principio por irregularidades, y que muchos haitianos temen que no revele la verdad sobre el asesinato, a pesar de las promesas de los actuales dirigentes del país de hacer justicia de manera rápida.
“Hay grandes intereses en juego que no están interesados en resolver este caso”, dijo Valentin. “No hay avances ni voluntad de encontrar la verdad”.
“Hay grandes intereses en juego”: funcionarios haitianos dicen que recibieron amenazas por el caso del presidente asesinado
